martes, mayo 17, 2022
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    Castilla-La Mancha rechaza de plano el proyecto de Ley de Bienestar Animal

    El Gobierno de Castilla-La Mancha ya ha remitido al Ejecutivo central sus alegaciones al proyecto de Ley de Bienestar Animal, en un informe en el que se manifiesta el “profundo desacuerdo” con el texto que “invade competencias de las comunidades autónomas”.

    Así lo ha explicado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, que ha asistido al Campeonato Nacional 2022 Mastín Español en Jábaga (Cuenca) –junto al alcalde de la localidad, José Luis Chamón, y el delegado provincial de la Consejería de Fomento, José Ignacio Benito– donde ha apuntado que el proyecto de Ley “rezuma una desconfianza brutal hacia el modo de vida del medio rural”.

    Ha remitido al Ejecutivo central sus alegaciones en un informe que muestra su “profundo desacuerdo”

    Martínez Guijarro ha pedido “no hacer leyes desde despachos de una gran ciudad y sin conocer la realidad del medio rural”, y ha añadido, “no puede tener la gente que vive en el medio rural el sentimiento de ataque permanente desde los urbanitas”, por lo que ha pedido que el proyecto de ley “se reconduzca” e incluya las particularidades del medio rural. “Esperamos que sea un proyecto de ley que se reconduzca”, ha sentenciado.

    En este sentido, Martínez Guijarro ha explicado que el Gobierno de Emiliano García-Page no comparte otras muchas cuestiones que plantea el texto como la definición de mascotas para algunos animales. En concreto, se ha referido a los animales que usa el sector de la caza -los perros de caza- “no son mascotas y por lo tanto no tienen que estar sometidos a la legislación de bienestar animal. Tiene que tener una regularización, pero no ésta”, ha añadido.

    Asimismo, el vicepresidente ha apuntado que otros planteamientos que tiene la Ley de Bienestar Animal son las obligaciones que genera a las comunidades autónomas y los ayuntamientos en materia de centros de control para los animales que están sueltos, “pero no plantea la financiación de la prestación de esos servicios. Si el Gobierno de España quiere imponer esas obligaciones a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos tiene que poner financiación”, ha concluido.

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